Regresaron los operativos de alcoholemia a Parral, tras una serie de situaciones en las que se vieron involucrados directamente los agentes municipales que metieron tanta presión a Seguridad Pública, que hubo que recular y dejar de instalarlos por unos días “en lo que se calmaban las aguas”.
Pero la casa pierde y bajo el argumento de ser una iniciativa que, supuestamente, busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad ciudadana, fue muy poco el aguante sin la recaudación extra que generan y ya están otra vez de vuelta, con todo y que, en lugar de sentirse protegidos, los parralenses perciben estos operativos como poco más que un medio para aumentar los ingresos municipales, mientras la confianza en las autoridades se desvanece.
La premisa detrás de los operativos «antialcohol» es noble: garantizar la seguridad vial y evitar que conductores en estado de ebriedad pongan en riesgo sus vidas y las de otros al conducir en esas condiciones. Sin embargo, lo que en teoría debería ser un esfuerzo preventivo, se ha convertido en una fuente de inquietud y desconfianza, incluso en cuanto al beneficio directo en las finanzas municipales, porque, si es buen recaudo en caja, ¡imagínense en los bolsillos de los que cobran las mordidas!
Existen una inmensa cantidad de quejas sobre detenciones arbitrarias bajo amenazas de sanciones injustas e impagables de llegar hasta la corporación, por eso siempre existirá la generosa opción de arreglarse en el punto, causando una máxima desilusión cuando se observa cómo algunos tienen el privilegio de pasar libremente por los retenes, sin enfrentar los mismos niveles de escrutinio o consecuencias que el grueso de los simples mortales. Esta percepción de favoritismo y trato desigual solo refuerza la sensación de que estos operativos son más una herramienta de control y extorsión que una medida verdaderamente preventiva.
Es necesario recordar los acontecimientos pasados, como el trágico incidente en el que un padre de familia fue golpeado, un evento que reveló la violencia desmedida y el abuso de fuerza y otro del que poco se conoció y nadie habló: la arbitraria detención de un conductor de plataforma tipo “Uber” que no presentó ningún índice de alcohol en la sangre porque no había bebido una gota, pero le sembraron una falsa lectura, le retuvieron el automóvil, que es a la vez su herramienta de trabajo y le aplicaron sendo multón que rebasó los 12 mil pesos.
Solicitar al presidente municipal que reconsidere la implementación de los operativos para restablecer la confianza en la comunidad, es gritar en el desierto, sencillamente porque no cuenta con la última palabra para hacerlo ni para detener las prácticas ilegales de cazar conductores que salen a divertirse, sin justificar que conduzcan en algún grado de ebriedad, pero la prevención de accidentes no se trata de persecución y mordidas, mucho menos de agresiones físicas, ni la obtención de ingresos a expensas de la tranquilidad de la población.
Es hora de evaluar si estos puntos de control funcionan como fachada o si en realidad se traducen en resultados tangibles y reducen las estadísticas de accidentes a causa de la combinación del volante y el alcohol.
