Redacción de ‘El Papelerito’
El Segundo Tribunal Colegiado de Distrito ordenó la inmediata devolución de la propiedad conocida como la “Casa de Parral” a los hijos del exgobernador César Duarte Jáquez, al considerar que el aseguramiento realizado en 2017 fue “completamente ilegal”.
La resolución, emitida el pasado 23 de julio bajo el recurso de queja penal 288/2025, invalida el aseguramiento del inmueble que fuera ejecutado durante la administración de Javier Corral Jurado, como parte de la llamada “Operación Justicia”, y señala que no existían elementos suficientes para retener legalmente dicha vivienda, por lo que se reconoce el derecho de posesión a los hijos del exmandatario estatal.
El inmueble, ubicado en la ciudad de Parral y considerado como una de las propiedades más emblemáticas del exgobernador, permanecía bajo resguardo desde hace más de siete años por parte de las autoridades ministeriales, tras haber sido señalado como parte del supuesto enriquecimiento ilícito de Duarte Jáquez.
Sin embargo, la resolución emitida por el tribunal federal concluyó que los delitos por los que se aseguró la casa no pudieron probarse, y subrayó que el domicilio carecía de vínculo comprobable con actividades ilícitas. Por tanto, se ordenó su restitución a los legítimos propietarios, es decir, los descendientes directos del exgobernador.
En el comunicado que dio a conocer la resolución, se denunció que el aseguramiento fue parte de una persecución política, acusando directamente a Javier Corral y al exfiscal César Peniche, quienes impulsaron la estrategia jurídica conocida como «Operación Justicia», hoy señalada por presuntas irregularidades, omisiones e incluso excesos de carácter mediático y político.
“Esta resolución confirma nuevamente la farsa que representó la supuesta cruzada anticorrupción que encabezó el gobierno anterior, misma que se convirtió en un acto de propaganda y despilfarro de recursos públicos”, cita el documento.
Con este fallo, se suma otro revés jurídico a los intentos del gobierno corralista por sustentar judicialmente los casos de corrupción contra el exmandatario, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso por diversos delitos, aunque ha ido obteniendo resoluciones a su favor en distintas etapas del proceso.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el gobierno actual han emitido una postura oficial sobre la decisión del tribunal federal. La devolución de esta propiedad podría marcar un nuevo precedente en la revisión de los bienes asegurados en el marco de la “Operación Justicia”, algunos de los cuales han permanecido bajo resguardo sin una sentencia firme o destino claro.
