Alberto Tarín, secretario del Ayuntamiento, señaló que existen diversas irregularidades en el convenio entre el Gobierno Municipal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Gobierno del Estado, por el cual deben desalojar el edificio que alberga la Presidencia de Parral.
«Fue un contrato leonino» dijo, y explicó que, entre la serie de irregularidades en el mismo, una de ellas es que no se cumplieron con las formalidades esenciales para la firma del mismo, ya que no se contó con la autorización respectiva de Ayuntamiento ni del presidente del TSJ.
Además de que dicho convenio se firmó un mes antes de que concluyera la administración de César Duarte, en el 2016, y se hizo para que la Presidencia Municipal ocupara el edificio del Tribunal bajo ciertas reglas.
El entonces alcalde, Alfredo Lozoya, se negó a desocupar el inmueble durante su gestión, y además de no pagar, le heredó el conflicto con el Poder Judicial al actual presidente, César Peña.
Hasta el momento, la deuda asciende a 10 millones de pesos, y el Tribunal resolvió el pago de esa cantidad, así como el desalojo inmediato del inmueble.
Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento, Alberto Tarín, comentó que consideran que el Tribunal resolvió de manera parcial, sin considerar los elementos aportados por el Ayuntamiento, además de ser ellos mismos los demandantes.
Aseguró que tienen una línea impugnativa contra esta resolución, y afirmó que están seguros que en otras instancias sí les darán la razón.
Así lo dijo:
