Redacción de ‘El Papelerito’
Con un discurso de modernización y compromiso con el deporte, el Gobierno Municipal de Parral anunció recientemente la instalación de pasto sintético en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva CNOP, destacando una inversión cercana al medio millón de pesos y la colocación de un material de “alta calidad”, incluso con garantía de nueve años. Sin embargo, detrás del comunicado oficial que presume infraestructura de primer nivel, emergen observaciones que cuestionan la legalidad, supervisión y calidad real de la obra.
El boletín de Presidencia asegura que los trabajos incluyeron nivelación del terreno, suministro de materiales especializados y la colocación de pasto sintético tipo monofilamento, resaltando que el producto cumple con estándares que garantizan durabilidad y óptimo desempeño deportivo. Incluso se menciona que la obra busca ofrecer espacios modernos, seguros y funcionales para atletas y usuarios.
No obstante, el Quinto Informe Trimestral de la Sindicatura Municipal, presentado el 14 de enero de 2026, revela una realidad distinta: no existen pruebas de laboratorio, dictámenes técnicos ni controles de calidad que acrediten que los materiales utilizados cumplen con las especificaciones técnicas, normas aplicables o condiciones de resistencia y durabilidad, particularmente aquellas asociadas a la certificación FIFA Quality que se presume en la obra.
En otras palabras, la pista fue presentada como infraestructura de calidad certificada, pero no hay evidencia documental que respalde dicha afirmación.
A ello se suma una segunda observación: la omisión de la Dirección de Obras Públicas de dar seguimiento a la colocación del pasto sintético, pese a ser el área responsable de supervisar la obra. El informe detalla que se dejó la instalación en manos de un proveedor externo sin la debida vigilancia institucional, lo que derivó en el incumplimiento del tiempo pactado para la ejecución.
Esta falta de supervisión no solo representa una deficiencia administrativa, sino que —según la Sindicatura— constituye un incumplimiento directo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Chihuahua, además de vulnerar los principios de legalidad, control, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
El monto observado asciende a 1 millón 451 mil 365 pesos, cifra que contrasta con la inversión anunciada y que pone en entredicho la correcta aplicación del recurso destinado a una obra que, en el papel, prometía modernidad y excelencia.
Mientras el gobierno municipal difunde comunicados celebrando infraestructura “de calidad garantizada”, los informes oficiales de fiscalización advierten carencias elementales de control y verificación. Una diferencia significativa entre el discurso público y los documentos de supervisión institucional.
