Ante la problemática presentada respecto a inversionistas en el Grupo Pacheco, el Gobierno de Parral llama a la cordura de las partes involucradas y a preservar el estado de derecho, se solidariza con los afectados y se ofrece para guiarlos y encausarlos ante las autoridades competentes.
El presidente municipal de Parral, Salvador Calderón Aguirre, refrendó su compromiso con la ciudadanía, ante los financiamientos posiblemente irregulares, y ofrece a los afectados encauzar su problemática ante las autoridades competentes y los invita a presentar sus denuncias y/o demandas de manera formal, para lo cual, pone a su disposición al Departamento Jurídico de Presidencia Municipal, a quien ha girado instrucciones precisas para el caso.
Es prioridad -dijo- para este Gobierno Municipal, que prevalezca el estado de derecho y la paz social, para lo cual invita a los afectados para que acrediten su derecho ante la instancia correspondiente y que, a la brevedad posible, se inicien los procesos jurídicos respectivos y evitar con ello se dilapiden o vandalicen los bienes que puedan garantizar el pago de sus derechos.
El alcalde Calderón precisó que este acompañamiento jurídico municipal no sustituye las acciones legales que corresponden a la Fiscalía, sino que busca ser un puente de apoyo para que las víctimas lleguen con mayor claridad y fortaleza a las instancias competentes.
“Este Gobierno está del lado de la gente y mantendremos comunicación directa con el fiscal de la Zona Sur para que las denuncias sean atendidas de manera puntual “No vamos a dejar solos a quienes resulten afectados”, aseguró.
En cuanto a reportes de intentos de confrontación entre ciudadanos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha reforzado la vigilancia y hace un llamado a la calma, recordando que cualquier irregularidad debe canalizarse a través de la vía legal, el número de emergencias 911 permanece disponible para atender situaciones que pongan en riesgo la integridad de personas o bienes.
Finalmente, el Gobierno de Parral reitera su exhorto a la ciudadanía a conducirse con legalidad, evitando actos fuera de la Ley y asegurando que las denuncias se realicen por la vía institucional, en estrecha coordinación con la autoridad competente.
