La solicitud de retiro del fuero al diputado priista Alejandro Moreno Cárdenas, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, fue presentada esta tarde en la Cámara de Diputados por Renato Sales, fiscal general de Campeche; Loreto Verdejo, fiscal anticorrupción en esa entidad, y Arturo Moo, senador.
Sales afirmó que los audios que ha divulgado la gobernadora del estado, Layda Sansores, sobre presuntas conversaciones del priista sobre supuestos casos de corrupción no están incluidos entre los elementos probatorios anexados a la solicitud.
Podemos afirmar que los audios no forman parte de la carpeta de investigación, sino que se cuenta con elementos que probarían la desproporción entre los ingresos devengados en sus diversos cargos y las propiedades que tiene a su nombre, 280 millones de pesos, solo en su residencia. Tan sólo en esta, valuada en 130 millones de pesos, se hallaron más bienes artísticos y materiales por 150 millones de pesos.
Las pruebas recabadas, expuso el fiscal, tienen que ver con el cateo realizado en la residencia del exgobernador en Lomas del Castillo, en el municipio de Campeche, valuada en 130 millones de pesos y en la que se ubicaron instalaciones con mármol de carrara, cuadros, esculturas y piezas artísticas de más de 150 millones de pesos.
En tanto, sobre las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo: “Quien tiene que demostrar el origen licito de los bienes es la persona imputada”.
De manera inédita acompañó a la difusión de la solicitud, el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, quien informó que el documento fue recibido a las 13:28 de hoy y se turnó a la secretaria general de la Cámara, a cargo de Graciela Báez Ricárdez.
Gutiérrez Luna recordó que la Sección Instructora que debe recibir este tipo de solicitudes se integra por cuatro diputados y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lo que no ha ocurrido.
Una vez integrada se dará trámite y de ser el caso pasará al pleno. Justificó su presencia en rueda de prensa, junto con el fiscal.
“Se está acompañando a alguien que quiere usar esta…este lugar para darlo a conocer”, dijo el diputado al explicar por qué se usaron las instalaciones y se difundió la acusación en contra de Moreno Cárdenas, cuando ese tipo de solicitudes se presentan en oficialía de partes y se niega el uso institucional del área de conferencia de prensa.
La reacción de «Alito»
Ante la acción que se inicia en el Congreso para su desafuero, Alejandro Moreno difundió un mensaje en redes sociales en el que señaló una manera «ilegal, selectiva y autoritaria» de Morena en la utilización de las instituciones del Estado mexicano «para perseguir a sus opositores».
El dirigente priista, quien el pasado julio acudió a instancias internacionales para denunciar «persecución», insistió en que la petición para quitarle el privilegio como legislador para no ser investigado, se trata de una maniobra «congruente con las dictaduras del mundo».
Calificó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como «el peor sexenio» de México.
«Alito» otra vez sin quórum para sesionar
Por cuarta ocasión legisladores de Morena y aliados se ausentaron de una sesión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y al acumularse la cuarta falta consecutiva sin justificación, tres de ellos fueron dados de baja.
“No por un servidor, sino porque así lo marca el reglamento”, afirmó el diputado priista y presidente de la comisión, Alejandro Moreno Cárdenas, quien de nuevo fue “plantado” por los 21 legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), quienes no acudieron a su convocatoria a sesionar.
Este bloque de la llamada «Cuarta Transformación» decidió el 10 de agosto pasado remover a Moreno y nombrar a la diputada morenista Julieta Ramírez como presidenta de ese grupo de trabajo, por lo que esa presidencia sigue en disputa.
Moreno repudió que esa reunión haya contado con elementos de la Guardia Nacional y advirtió que “sería un precedente histórico para todas las comisiones del Congreso” que se intente quitar presidencias de comisiones sin cumplir el Reglamento.
Además se viola –recordó- el acuerdo fundacional de la 65 Legislatura, en que se acordó a qué partido corresponde la presidencia y secretaria de cada comisión, en tanto que el pleno de la Cámara lo aprobó.
Han emprendido “una oscura ruta para querer controlar todas las comisiones que no preside, creen que les estorbamos” y eso “afectaría la vida parlamentaria y sería un riesgo para la gobernanza de la Cámara y al interior de las comisiones”.
Alito: «El presidente soy yo»
Con la presencia de 13 diputados –de un total de 38- integrantes de la comisión y pertenecientes al PRI y a los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, “Alito” defendió su presidencia “clara” en el grupo legislativo y alertó que Morena quiere apoderarse de las comisiones relevantes.
El bloque de Morena hizo una “temeraria convocatoria ilegal pretendiendo instaurar de facto un tribunal sumario…(fue una) gravísima intentona como si fuese un golpe de estado para instaurar una dictadura al interior de la Comisión de Gobernación”, dijo el priista en mensaje tras instalar la sesión de trabajo.
“Por su ausencia sin justificación alguna por parte de los integrantes de la comisión todos ellos en penosa baja automática”, dijo. Después aclaró que se trata solo de tres de los 21 ausentes.
Estos son Gerardo Fernández Noroña e Itzel Alelí Domínguez, del PT, quienes ya habían causado baja como secretarios desde el 19 de julio, por norma reglamentaria tras 4 ausencias sin justificación, más el morenista José Luis Elorza.
La Comisión no ha sesionado desde el 3 de junio, cuando comenzaron a ausentarse, en bloque, los diputados de la «Cuarta Transformación».
Tampoco acudieron a convocatorias del 30 de junio y 19 de julio, ni al citatorio a mesa directiva de la Comisión, el 29 de julio, en que se presentó virtualmente un morenista, Onofre Vázquez, luego removido por Morena de la posición de secretario.
Para el priista la reunión del 10 de agosto –en que fue “removido”- fue inexistente y carecen de validez sus acuerdos.
Y reafirmó: ”Quienes cumplan con la cuarta falta injustificada en un semestre automáticamente son dados de baja por la norma pues eso ha impedido sacar dictámenes pendientes».
