Un juez de control concedió a la Fiscalía General de la República la prisión preventiva oficiosa en contra de cinco elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y personal de una empresa de seguridad privada, por su probable responsabilidad en la muerte de 39 personas durante el incendio del 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sara Irene Herrerías, fiscal de derechos humanos de la FGR, detalló que tras cumplimentar cinco de las seis órdenes de aprehensión en contra de los uniformados que se encontraban en las instalaciones migratorias el día de los hechos, estos fueron puestos a disposición de un juez de control para la celebración de la audiencia inicial.
Los cinco uniformados detenidos, solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica y el Ministerio Público de la Federación solicitó la prisión preventiva, misma que fue concedida.
“Por ello se fijó para la continuación de la audiencia, el día martes 4 de abril a las siete de la mañana, se solicitó la cautelar para los cinco imputados”, explicó.
La fiscal aclaró que los agentes del Ministerio Público de la Federación, expusieron ante el juez de control, la formulación de la imputación por los delitos de homicidio y lesiones dependiendo del nivel de probable responsabilidad en su actuación durante el incendio.
“Se hizo (la formulación) de acuerdo con la conducta de cada uno de ellos y con los datos de prueba existentes”, apuntó.
Los custodios a quienes les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa son: Rodolfo “N”, Gloria “N”, Daniel “N”, Jason “N” y Alan “N”.
Investigan a más empresas de seguridad privada
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que tras conocerse al menos nueve irregularidades de la empresa de seguridad privada CAMSA SA de CV, el gobierno de México realizará una revisión al grupo empresarial al que pertenece.
En rueda de prensa, la funcionaria detalló que en la revisión del contrato se detectó que CAMSA, pertenece a grupo Tank y por ello, buscarán si estas empresas tienen convenio para vigilar otras instalaciones del Instituto Nacional de Migración o del gobierno
“Se está en la investigación, lo que hemos entregado a la FGR es en qué consiste, cuáles son las obligaciones de la empresa, para checar esta y otras empresas y cuales son las condiciones para hacer una adjudicación directa de una empresa de seguridad de este tipo”, explicó.
De acuerdo con el contrato, Camsa se comprometió con el INM a vigilar inmuebles de esta dependencia en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán Y Zacatecas
El contrato fue por adjudicación directa por 190 millones de pesos entre el primero de marzo y el 31 de diciembre de 2023.
