El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y diputado federal por Chihuahua, Alejandro Domínguez, informó que el día de ayer se presentó en comisión permanente de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), para fortalecer los derechos laborales de nuestro magisterio nacional.
“Nuestra iniciativa responde a una realidad que no puede seguir ignorándose: las maestras y los maestros de México enfrentan barreras burocráticas inhumanas cuando intentan cambiar de centro de trabajo, aun en situaciones de salud, violencia, reunificación familiar o seguridad personal», explicó.
Actualmente, la ley exige un mínimo de dos años de permanencia en un mismo centro de trabajo para poder solicitar un cambio de adscripción. En la práctica, este requisito se convierte en un verdadero obstáculo que puede prolongarse incluso a tres ciclos escolares debido a la falta de convocatorias oportunas por parte de la USICAMM y a la escasez de plazas disponibles, expuso Domínguez.
Proponemos reducir ese periodo obligatorio a un año, manteniendo las excepciones por causas de fuerza mayor, con el fin de humanizar y flexibilizar el sistema, sin comprometer la planeación educativa ni el respeto a la normatividad.
«Esta propuesta nació de escuchar los testimonios de docentes chihuahuenses que se han acercado a nosotros con casos dolorosos: madres que no pueden estar cerca de sus hijos, maestros con enfermedades crónicas sin acceso a tratamiento, educadores víctimas de violencia que no pueden regresar a su lugar de origen. Estas historias no deben seguir siendo ignoradas por un sistema insensible», abundó.
El Partido Revolucionario Institucional, tiene un compromiso histórico con el magisterio nacional. «No vamos a permitir retrocesos en materia de derechos laborales, pensiones ni seguridad social, como han intentado hacer otros grupos políticos, y como ejemplo las reformas a la ley del ISSSTE con el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Estado», sentenció Domínguez.
Finalmente, dijo que, esta reforma, es un acto de justicia, una medida urgente y necesaria que coloca nuevamente a las y los docentes en el centro del sistema educativo, donde siempre debieron estar, y se opone categóricamente a cualquier intento que implique retrocesos en materia de seguridad social, pensiones, estabilidad o condiciones laborales, así como a realizar una revisión crítica del funcionamiento de la USICAMM, que deberá evaluarse en su conjunto, considerando su utilidad, eficiencia y concordancia con los derechos fundamentales de las maestras y los maestros.
Así lo dijo:
