Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua, rechazaron «llamarles la atención» a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Victoria Hernández Acosta, y al fiscal general, César Jáuregui Moreno, por la falta de “apego a la ley y al debido proceso”, en el caso penal contra el exgobernador César Duarte.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, al señalar que la excarcelación se ordenó convocar a audiencia, y solo mediante un oficio, por la jueza de Control, Hortencia García Rodríguez, y el argumento no se ha concedido a quienes están en la misma situación jurídica que el expriísta, pero la mayoría de los diputados s votaron en contra la solicitud.
“La liberación no podía hacerse antes de la elección (el 2 de junio), por el efecto adverso que hubiera tenido entre los chihuahuenses, y posiblemente en todo el país, pero finalmente se concretó dos días después de concluirse el proceso electoral”, cuestionó la congresista chihuahuense.
Destacó que Duarte estará en arraigo domiciliario mientras continúa el juicio en su contra por presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, pese a que ambos tienen una penalidad agravada.
“Luego de una planeada y conveniente estadía en un hospital, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua no apeló la decisión, y pidió únicamente que se le coloque al acusado, un brazalete electrónico para poder encontrarlo”, indicó.
Observó que el beneficio concedido por el Poder Judicial del Estado y la jueza Hortencia García Rodríguez, permitirán que el último gobernador priísta de Chihuahua, a quien se le imputaron una serie de delitos de corrupción por el desvío de 96.7 millones de pesos del erario para beneficio personal, podrá enfrentar su proceso en “la comodidad de su hogar”.
“No perdamos de vista que este personaje fue detenido en el año 2020, en Miami, mientras escapaba de la justicia, así que podemos suponer que quien antes se sustrajo a la acción de la justicia, lo podría volver a hacer, [y] si eso ocurre, la responsabilidad recaerá sobre el Poder Judicial y el Gobierno del Estado, y de todos aquellos que coadyuvaron en la liberación”, indicó.
Dijo que permitir la salida de prisión, de quien saqueó miles de millones de pesos de las arcas de Chihuahua, es una burla hacia todo el país.
«Es simplemente inconcebible, en la actualidad política, que el desgaste y esfuerzos diplomáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que logró que Estados Unidos enviara a Duarte a Chihuahua, para ser juzgado, se fueron al traste otra vez”, agregó.
Señaló que “los privilegios de unos cuantos que robaron todo lo que pudieron al abusar de un cargo público, se imponen a nuestra realidad de impunidad, que no quiere regresar al pasado de corrupción”.
Aseguró que la red de complicidades en torno al exgobernador, no podría ser más evidente pues la misma jueza que ha permitió la excarcelación, García Rodríguez, es quien ordenó la detención y vinculación a proceso, por una supuesta tortura psicológica, contra el exfiscal anticorrupción en el mandato de Javier Corral, que coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo.
El hecho de que la FGE no solicitara nuevas medidas cautelares ante el evidente riesgo de que un personaje tan influyente concluya su juicio en libertad o arresto domiciliario, exhibe el “claro acuerdo político, al más alto nivel, y una operación policial y judicial, para brindar las condiciones más favorables a Duarte”, añadió.
La diputada mencionó que el priísta parece tener la capacidad de presionar tanto a la presidenta del TSJE, como a Jaúregui Moreno, y a la propia gobernadora, María Eugenia Campos Galván, para recibir un trato especial desde su detención en el Centro de Reinserción Social 1, en el municipio de Aquiles Serdán, conurbado a la capital.
“Mantuvieron un arraigo de lujo para el ciudadano Duarte, que salía cada que quería de la cárcel, y aprovechaba para dar largas entrevistas, y emitir declaraciones públicas”, criticó.
Consideró que situaciones como ésta, obligan a una reforma al Poder Judicial, que evite autoridades coludidas con quienes afectaron al estado, así como procesos viciados.
