La Mesa Directiva del Senado se desistió de suplantar funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en la validación de candidatos polémicos a jueces, magistrados, y ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las elecciones del 1 de junio.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó a través de su cuenta en “X”, que el área jurídica de esta Cámara “retiró la impugnación” al reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre las candidaturas para integrar el Poder Judicial, aunque mantendrá impugnaciones de algunos candidatos por falta de idoneidad.
“El área jurídica del Senado retiró la impugnación al reciente acuerdo del INE sobre candidaturas a integrar el poder judicial y espero que hoy mismo, se presenten las impugnaciones de candidaturas concretas por falta de idoneidad”, escribió Fernández Noroña
El lunes pasado el Senado impugnó el acuerdo del INE por el que se aprueba el procedimiento a seguir por la autoridad electoral para constatar que las personas candidatas a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 puedan estar involucrados en delitos.
La Cámara de Senadores pretendía decidir qué candidatos no eran idóneos para la elección judicial, tarea que por ley le corresponden al INE.
La impugnación la había presentado el lunes 28 de abril y se refería al acuerdo del INE que establece que se revisará que los candidatos al Poder Judicial de la Federación no incurran en los supuestos del artículo 38 constitucional, en sus numerales V, VI y VII, referentes a ser “prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.
Tras este intento fallido de suplantar funciones del INE, el presidente del Senado señaló que se presentarían las impugnaciones en lo individual ante la autoridad electoral contra los perfiles de candidatos que no son idóneos para integrar el Poder Judicial, pero la última palabra estará en manos del instituto.
Gerardo Fernández Noroña dijo que hasta el momento ha firmado tres oficios: uno dirigido al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con la solicitud de información puntual sobre algunos casos.
Otro dirigido al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en sentido similar; y un último a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.
El acuerdo del INE establece una revisión para que las personas candidatas a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la “8 de 8 contra la violencia”, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales.
Este mandato deriva del artículo 38, fracciones V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 442 Bis, en relación con el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y señalan que los derechos o prerrogativas de las o los ciudadanos se suspenden por los siguientes motivos:
Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual.
Por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Además, por estar prófuga o prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
