El empresario se niega a ceder ante la resolución del INE por acusaciones de violencia política de género.
El enfrentamiento entre el influyente empresario Ricardo Salinas Pliego y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha alcanzado un nuevo nivel de tensión después de que el órgano electoral determinara que Salinas Pliego había incurrido en violencia política de género contra Citlalli Hernández, secretaria general de Morena.
Desafiante y sin mostrar signos de retroceder, Salinas Pliego arremetió contra las autoridades electorales y emitió comentarios provocativos en su cuenta de Twitter. «Se les va a aparecer el diablo hdspm, debieron haberse medido», escribió el dueño de Televisión Azteca, acusando al INE de intentar cambiar la conversación sobre el presunto «plan comunista» y mostrando su desprecio por las acusaciones en su contra.
La Comisión de Quejas del INE dictaminó que las publicaciones de Salinas Pliego en Twitter mostraban «una sistematicidad y reiteración de conductas» que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Se le ordenó retirar las publicaciones ofensivas de su cuenta en un plazo de 24 horas.
La disputa se ha centrado en las declaraciones denigrantes que Salinas Pliego hizo sobre Citlalli Hernández, incluyendo comentarios sobre su apariencia física. La autoridad electoral argumenta que estos comentarios buscan desacreditar la imagen de la funcionaria de Morena.
Citlalli Hernández no se ha mantenido en silencio y ha compartido en redes sociales las razones que la llevaron a presentar la denuncia contra Salinas Pliego. La controversia ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad y el respeto hacia las figuras públicas y ha puesto en primer plano la importancia de abordar la violencia política de género en todas sus formas.
Con la escalada en el conflicto y la negativa de Salinas Pliego a cumplir con la orden del INE, el panorama se torna aún más tenso. La sociedad observa atentamente cómo se desarrollará esta confrontación y cuál será la respuesta final de las autoridades ante las acciones desafiantes del empresario.
