Gracias al trabajo de inteligencia para la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Celestino F. L., por el delito de secuestro agravado cometido en Valle de Allende en 2019.
De acuerdo a la narrativa contenida en la carpeta de investigación, el 06 de noviembre de 2019 se recibió la denuncia en el sentido de que diversos sujetos concertaron y llevaron a cabo la privación de la libertad en perjuicio de una víctima, cuyos datos generales se mantienen en reserva, para obtener un beneficio económico.
La privación de la libertad ocurrió la tarde del día 01 de noviembre de ese año, cuando interceptaron a la víctima en el municipio del Valle de Allende, siendo amagada por dos sujetos con el uso de armas de fuego, sometiéndola y contra su voluntad, en su propio vehículo la trasladaron a un lugar a la intemperie.
Al mismo tiempo, vía telefónica, se comunicaron con familiares exigiendo la cantidad de 500 mil dólares a cambio de su libertad. En las negociaciones, se pactó otra cantidad menor y la víctima fue liberada el 6 de noviembre.
Los agentes investigadores lograron individualizar a los imputados, solicitándose orden de aprehensión que fue librada por un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo.
Celestino F. L., fue aprehendido en días pasados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quedando a disposición del Juez de Control, quien celebró la audiencia de formulación de imputación y este 30 de mayo se le dictó vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva hasta por 12 meses.
El delito de secuestro agravado se encuentra previsto en el Artículo 9 Fracción I, inciso a) y 10 Fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro en calidad de coautor, pudiendo alcanzar una penalidad de hasta 90 años de prisión.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
