La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, concluyó con sentencias condenatorias, el proceso seguido en contra tres integrantes de un grupo delictivo que obligaba a sus víctimas a realizar trabajos forzados en la zona occidente del estado.
A través de un procedimiento especial abreviado, los imputados reconocieron ante un Juez de Control con sede en Guerrero, Chihuahua, formar parte de una estructura criminal que por varios años se dedicó a captar personas por medio de engaños, para luego obligarlas a trabajar todos los días por más de 12 horas en campos de cultivos de enervantes.
Los procesados fueron sentenciado a cumplir cada uno, una condena de 12 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de personas con penalidad agravada, en la modalidad de trabajos forzados, el cual fue cometido en perjuicio de cinco adultos del sexo masculino y un adolescente integrante del pueblo originario rarámuri.
Cabe destacar que, por tratarse de una violación grave a los Derechos Humanos, se les negó el acceso a cualquier beneficio que permita su liberación anticipada, por lo que deberán compurgar la totalidad de la sentencia en prisión.
Las investigaciones ministeriales efectuadas por la Unidad Especializada de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, demostraron que el ahora sentenciado, identificado como Alfredo B. E., alias El Comandante, junto con otras personas, se encargaba de vigilar un campamento localizado en la localidad de Yoquivo, Municipio de Ocampo, y como parte de sus funciones en la estructura, imponía castigos crueles a las víctimas que incumplían con el trabajo.
Por su parte, el procesado Manuel de Jesús R. M., alias El Águila Dos, se encargaba del campamento y desempeñaba varias funciones dentro del mismo, entre ellas, la de obligar a las víctimas a cumplir con jornadas de trabajo bajo condiciones inhumanas.
El tercer sentenciado, identificado como Domingo V. B., alias El Mingo, se desempeñaba como custodio de las víctimas durante los traslados desde el lugar conocido como Lago de Las Garzas hacia el campamento, y quitaba todas sus pertenencias a las víctimas para evitar que escaparan o tuvieran contacto con sus familiares.
La información obtenida durante el proceso de investigación, señala que el grupo delictivo alimentaba a las víctimas una sola vez al día solo con Maseca, agua y frijoles con gorgojo; no se les permitía bañarse ni cambiarse y en todo momento, los custodiaban para evitar que pudieran huir.
Se documentó, además, que, si dejaban de trabajar por cansancio, los torturaban atándolos en pinos y los dejaban por horas sin ropa bajo el sol, además de mantenerlos descalzos para que no pudieran correr.
Durante la audiencia, los sentenciados presentaron voluntariamente una disculpa pública que se hará llegar a las víctimas, y realizaron un pago de 50 mil pesos como parte de las medidas de reparación y no repetición, que se determinarán durante la etapa de ejecución de la sentencia.
Cabe hacer mención, que existe un cuarto implicado relacionado con el caso, identificado como Henri Jovany V. B. alias “El Chiapas”, quien aún se encuentra en espera de ser juzgado a través de un Juicio Oral.
En alineación con el Plan Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, refrenda su compromiso con la ciudadanía para que ningún hecho violatorio de la seguridad y dignidad humana quede impune.
