A casi una semana de haberse desatado la polémica por la rifa de una motocicleta que resultó ganada por el director de Cultura de Parral, Carlos Silva, el presidente municipal, Salvador Calderón Aguirre, finalmente salió a dar una versión oficial… pero demasiado tarde y sin convencer.
El edil confirmó lo que la síndica Dalila Villalobos había denunciado un día antes: que la motocicleta rifada fue comprada con recursos públicos. Sin embargo, intentó justificarlo asegurando que el club organizador se comprometió a reembolsar el monto al Municipio, aunque sin presentar documentación o pruebas de que dicho reembolso se haya hecho o esté garantizado.
Aunque Calderón comparó el gasto de este año con el de administraciones anteriores —destacando que en esta ocasión el vehículo costó “solo” 124 mil 600 pesos frente a los 259 mil 900 pesos que, dijo, se pagaron en el trienio de César Peña, aunque no dijo su nombre, pero basta ver la fecha de la factura exhibida para saber a qué administración se refirió —, la explicación no despejó el cuestionamiento central: ¿por qué un funcionario municipal participó y ganó un premio comprado con dinero del erario?
La respuesta llega además en un momento en que el daño a la percepción pública ya está hecho. En redes sociales y en conversaciones cotidianas, la sospecha de “mano negra”, de favoritismo y de corrupción no ha podido ser desmontada, sobre todo por la opacidad que rodeó el evento desde el principio y por el silencio inicial de la administración municipal.
La participación del funcionario como “un ciudadano más” en la rifa no basta como argumento cuando el premio se adquirió con fondos públicos y en el marco de un evento oficial. La falta de claridad en los tiempos, las condiciones y los nombres de los demás participantes ha generado más dudas que certezas. Y la explicación de que se trató de una “rifa entre amigos” organizada por un club externo, aun cuando es cierto, no exonera de responsabilidad al gobierno municipal que validó el uso de recursos públicos en una dinámica privada, sin transparencia.
El alcalde también intentó desviar la atención responsabilizando a medios de comunicación por “tergiversar” lo sucedido, acusando una campaña de desinformación. Sin embargo, la desconfianza no nació en los medios, sino en la falta de explicaciones inmediatas, claras y verificables por parte de su gobierno.
En un contexto social cada vez más exigente con la rendición de cuentas, las versiones que llegan tarde y sin evidencia sólo alimentan la narrativa ciudadana de que hay algo que se quiere ocultar. Y cambiar esa percepción será más difícil que justificar una compra o emitir un comunicado.
Por ahora, lo único claro es que la administración de Chava dejó crecer un escándalo que pudo haberse evitado con transparencia desde el primer día. Pero eligió el silencio, y cuando finalmente habló, ya nadie le estaba creyendo del todo. Y lo mismo amaga con la comparecencia ante Cabildo de Alejandra Márquez, directora de Obras Públicas, para la que él y los regidores panistas votaron en contra.
¿Qué caso tiene dejar que crezcan los enanos cuando puede evitarse el circo con transparencia desde el principio?
