El anuncio de Donald Trump de que recurrirá a una declaración de emergencia nacional y usará al ejército para la deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos, el próximo 20 de enero, busca, por un lado, evadir al Congreso y, por el otro, sembrar el miedo.
“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión [permitida por el presidente Joe] Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano. Trump respondió al mensaje con un “¡Es verdad!”.
José Jordán, abogado especialista en migración, señaló que el precedente inmediato a esta declaración fue la que hizo Trump en su administración pasada (2017-2021), cuando para financiar su “hermoso” muro fronterizo invocó la Ley de Emergencias Nacionales (National Emergencies Act de 1976), que le permite evadir al Congreso para obtener los recursos.
Jordán dijo que “al declarar una emergencia nacional, el presidente obtiene acceso a más de 120 poderes legales especiales, como redirigir fondos federales, controlar industrias clave o suspender ciertas protecciones legales”.
Al mismo tiempo, puede reasignar recursos, incluyendo “fondos del presupuesto federal, sin la aprobación del Congreso, para áreas como construcción de infraestructuras de seguridad [por ejemplo, el muro fronterizo o, en este caso, centros de detención]; incremento de personal en agencias como la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Podrían implementarse políticas más estrictas de control fronterizo o medidas como restricción temporal de entrada a personas de países específicos, aceleración de deportaciones sin procesos judiciales completos y hasta suspensión de derechos civiles”.
Sin embargo, explicó que una declaratoria así lo enfrentará directamente con los demócratas del Congreso y con los estados.
Ya en 2019, los demócratas tacharon la declaración de emergencia nacional como “abuso de poder” e ilegal, y la iniciativa terminó hundida en las cortes. De antemano, recordó Jordán, los estados gobernados por demócratas, particularmente los llamados “santuarios”, han advertido que lucharán contra cualquier iniciativa que busque deportar a los migrantes. Además, habrá “demandas por parte de organizaciones civiles, o incluso corporaciones, buscando bloquear la implementación de las medidas derivadas”, dijo.
Trump asegura que llevará a cabo “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”, y ha dicho que la Guardia Nacional “debería ser capaz” de hacerse cargo de las deportaciones, pero que si no es así, recurrirá al ejército.
“No va a militarizar al país”, aseguró, en declaraciones a la cadena Fox News, Alfonso Aguilar, exjefe de la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos y director de participación hispana del American Principles Project. Según Aguilar, los militares desempeñarían más bien un rol de apoyo logístico al ICE y al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP).
“No van a ser barridos de barrios, van a ser detenciones selectivas… en principio persiguiendo a delincuentes. Yo anticiparía que los militares participarían en una capacidad de apoyo”, dijo. Aguilar señaló que la ley federal estadounidense limita la forma en que Trump puede utilizar a los militares a nivel nacional, lo que significa que es probable que los oficiales de ICE dirijan los esfuerzos de deportación con ayuda logística de los militares.
En la frontera, explicó, los militares servirían como una demostración de fuerza. “Así es como históricamente utilizamos a los militares. Proyección de fuerza para disuadir a la gente de entrar, pero su papel es básicamente ayudar a detectar… ayudar a trasladar [a los migrantes] a los autobuses… todo el apoyo logístico”.
Jorge Mario Cabrera, director de Comunicación y Vocero de la Coalición por los Derechos de los Migrantes (CHIRLA), advirtió del otro impacto que tendrá la declaración de emergencia y en general el anuncio de que habrá una deportación masiva, y que es justo el efecto que el nuevo gobierno de Trump busca crear.
“Aunque no empiece deportando, ellos solamente necesitan establecer ejemplos en varias ciudades para demostrar que sí van a cumplir y establecer un reino de terror. Eso es lo único que necesitan”, alertó. En ese sentido, llamó “a la comunidad que se mantenga informada, calmada. Por el momento no hay ningún cambio a las leyes y todavía falta tiempo. Entonces que se prepare la gente, debe de preparar planes, familiares e informarse detenidamente. Especialmente si tienen algún antecedente penal”. A estas personas, les pidió “asegurarse de que tengan recursos de los que se puedan valer, ya sea si son deportados o para defender a su familia”.
Nota original publicada en El Universal:
