El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró nulos los créditos fiscales determinados en 2018 y 2019 por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua en contra del exgobernador César Duarte Jáquez y de la empresa Hidroponia de Parral S.A., resolviendo que las auditorías fiscales se realizaron con violaciones graves al debido proceso, y por tanto carecen de efectos legales definitivos.
Según el comunicado emitido por el despacho Luis Alberto Delgado Alba y Asociados, que llevó la defensa legal de ambos contribuyentes, la resolución del tribunal también fue ratificada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 17º Circuito, lo que pone fin a cualquier posibilidad de acción fiscal por parte del SAT o del Gobierno del Estado.
Créditos anulados
El fallo implica la cancelación de dos adeudos millonarios:
- César Duarte Jáquez: $2,499,415.83 MXN por concepto de Impuesto Sobre la Renta.
- Hidroponia de Parral S.A.: $9,236,718.00 MXN por ISR y $4,443,018.00 MXN por IVA, este último improcedente, ya que las actividades agrícolas no generan este impuesto según la ley fiscal.
Con actualizaciones, multas y recargos a junio de 2025, los montos habrían alcanzado más de 101 millones de pesos, según cálculos de la defensa legal.
Fallas de origen
El origen del conflicto se remonta a abril de 2017, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el gobierno de Javier Corral Jurado, aseguró las oficinas administrativas de Duarte en Parral. En dichas instalaciones se resguardaban nóminas, documentos contables, trámites fiscales y de exportación, así como facturación.
Posteriormente, dichas oficinas —según la defensa— fueron saqueadas, vandalizadas e incendiadas, hechos que constan en fotografías anexadas al expediente judicial. A pesar de ello, en 2018 y 2019 la Dirección de Fiscalización del Estado notificó el inicio de auditorías fiscales en domicilios asegurados, lo que —según el tribunal— violó el derecho de los contribuyentes a conocer y responder los procedimientos fiscales en su contra.
La defensa alegó que ni Duarte ni sus representantes legales tuvieron conocimiento de dichas auditorías hasta que fueron reveladas públicamente en medios, imposibilitando cualquier defensa legal o aclaración ante la autoridad.
Consecuencias legales y patrimoniales
El fallo judicial también impacta de forma directa en la propiedad y el patrimonio de Duarte y de la empresa. Según el comunicado, el terreno y el pozo de Hidroponia de Parral S.A., que ya habían sido incorporados como propiedad del Estado, deberán ser restituidos, junto con la maquinaria, equipo e instalaciones.
Además, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, el gobierno estatal deberá indemnizar por los daños, obsolescencia y deterioro causado al mobiliario y equipo afectado, lo cual será objeto de un nuevo procedimiento legal.
Crítica a la administración de Corral
La defensa del exgobernador acusó de manera directa a la administración de Javier Corral de actuar con dolo, al iniciar auditorías sin que los contribuyentes tuvieran oportunidad de defenderse, en el contexto del aseguramiento judicial de sus oficinas.
“Estos hechos forman parte de la resolución del tribunal, que declaró nulos los créditos fiscales de forma definitiva”, señaló el despacho legal.
Contexto político y repercusiones
Este nuevo fallo representa otro revés judicial a las acciones impulsadas por la “Operación Justicia para Chihuahua”, bandera anticorrupción del gobierno de Corral, la cual ha sido objeto de crecientes cuestionamientos y descalificaciones en meses recientes.
Para los defensores de César Duarte, la resolución es una validación judicial de las denuncias sobre persecución política y uso indebido del aparato fiscal como herramienta de hostigamiento.
Por otro lado, críticos de Duarte han acusado que estos reveses no prueban su inocencia, sino reflejan la falta de seguimiento, omisiones legales y, recientemente, la presunta protección del actual gobierno estatal, encabezado por María Eugenia Campos Galván.
Con este fallo, se suma un episodio más a la disputa judicial y política entre los actores del pasado y presente en Chihuahua, en una historia aún lejos de su desenlace definitivo.
