La Policía española detuvo en varias localidades de la provincia de Barcelona a 14 presuntos miembros de un grupo de narcotraficantes vinculados al Cártel de Sinaloa, acusados, entre otros delitos, del secuestro y asesinato de un italiano de 46 años y supuesto integrante de la banda.
Los detenidos, la mayoría de nacionalidad mexicana, son 11 hombres y tres mujeres de entre 30 y 70 años, entre ellos el supuesto cerebro de la organización y del secuestro de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado en agosto en un bosque de Tarragona, en la misma región.
La policía los acusa de tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, secuestro y asesinato.
En los cateos realizados a cinco domicilios y a un restaurante en varias localidades de la región de Cataluña, los agentes localizaron un laboratorio de extracción de metanfetamina que recibían desde México impregnada en superficies sólidas, como piezas de ropa, así como esta sustancia preparada ya para su consumo, como éxtasis y una plantación de marihuana, además de armas de fuego, material tecnológico y dinero.
Secuestro y extorsión
Tanto la policía española como la policía regional catalana explican en sus respectivos comunicados que la investigación del caso, desarrollada de forma conjunta por ambos cuerpos, comenzó a finales del mes de junio cuando, por medio de la Interpol y Europol, conocieron la denuncia de un secuestro en Barcelona, por el que les pedían el pago de un rescate de 240 mil euros (más de 250 mil dólares).
Con posterioridad, el 5 de agosto, los agentes localizaron el cadáver de un hombre, con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, en una zona boscosa. La investigación permitió conocer que había sido secuestrado entre el 31 de mayo y el 2 de junio por los ahora detenidos miembros del cártel.
La víctima trabajaba presuntamente para la banda y había viajado desde Italia a Barcelona para reunirse con algunos de los líderes de la red criminal. Los familiares de la víctima en Kosovo recibieron un mensaje de los secuestradores en el que se les exigía el pago para su rescate, y en el que incluían una foto como prueba de vida.
La familia se puso en contacto con la policía, a la que informó de que había realizado un pago de 32 mil dólares en criptomonedas, siguiendo las instrucciones de la organización para dificultar el rastreo del dinero y como consecuencia de la presión que recibía de los secuestradores, a los que pidió una nueva prueba de vida.
A pesar del pago, los familiares no recibieron en ningún momento noticias sobre la víctima y los secuestradores siguieron reclamando más dinero.
Los investigadores lograron identificar a las personas vinculadas con la transacción, que estaban directamente relacionadas con el secuestro, localizaron en un depósito municipal de Barcelona el vehículo en el que la víctima viajó desde Italia a la capital catalana, así como indicios de que los secuestradores utilizaron ese coche para trasladar el cadáver del hombre hasta la zona boscosa.
