El exgobernador del Estado, César Horacio D.J., fue vinculado a proceso por la segunda causa penal con folio 1260/2017, la cual fue aplicada mediante un Principio de Excepción, misma que se suma a la que ya pesa en su contra y que atienden a los señalamientos de la causa penal 3041/2019 que fue la que originó su extradición.
El juez Adalberto Contreras consideró que sí existen elementos probatorios que pudieran acreditar la presunta participación del exmandatario en la simulación de contratos con la empresa Kepler Soluciones Integrales, utilizada como facturera, dejando una afectación al erario de 120 millones de pesos.
César Horacio D. J., refiere esta segunda carpeta, en coordinación con otros servidores públicos de su administración, utilizaron una empresa denominada Kepler para beneficiarse con ese recurso y, aunque su defensa legal denunció que con la apertura de la segunda causa penal y la ejecución de una orden de aprehensión, se viola el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, bajo la premisa de que una persona sólo puede ser juzgada por el delito que el gobierno de Estados Unidos autorizó con fines de extradición, y por consiguiente, la segunda causa no tiene validez, el juzgador decidió vincularlo.
Algo que destacó en esta maratónica audiencia fue la lectura de una llamada entre el testigo protegido y exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y el actual fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, con lo cual se buscó acreditar que el exsecretario mintió en sus declaraciones en torno al caso de los llamados Expedientes X.
Herrera Corral aseguró que “le pusieron una pistola en la cabeza” para declarar en contra de María Eugenia Campos y de César Jáuregui Moreno, y acepta que también fue amenazado para declarar en contra de otras personas señaladas.
Los abogados de D.J. expusieron que los exfuncionarios Antonio Tarín y Carlos Hermosillo, fallecidos ambos, tenían la responsabilidad sobre el recurso que se destinó para la empresa Kepler y estaban bajo la subordinación de Jaime Herrera Corral, por lo que resulta un absurdo que se intente ligar esas acciones directamente a la cabeza de la administración, sin llamar a rendir cuentas al titular de la dependencia.
El Ministerio Público pidió desestimar esa llamada entre el exsecretario y el ahora fiscal porque el primero se encuentra bajo el criterio de oportunidad (testigo protegido) y que esa llamada due filtrada sin el consentimiento del ex titular de Hacienda.
La parte acusadora sostuvo que las órdenes las daba el exgobernador.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, esta noche, el Juez de Control vinculó a proceso penal al imputado por el delito de peculado agravado, dictando 10 meses como medida cautelar de prisión preventiva, en relación a la audiencia inicial dentro del nuevo proceso, materia de la excepción al principio de especialidad, bajo la causa penal 1260/2017, fijando además un plazo de investigación complementaria de 2 meses.
Fue el pasado martes 22 de agosto cuando se le cumplimentó la nueva orden de aprehensión por el delito de peculado, relacionado con la empresa Kepler, facturera que extendió facturas por 120 millones de pesos por servicios al Gobierno del Estado que no se realizaron.
El juez conocedor de la causa penal, consideró suficientes los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, dictando las medidas antes señaladas.
La Fiscalía General del Estado reitera que todos los procedimientos que se han desarrollado, se hacen garantizando la aplicación estricta de la ley, respetando garantías individuales del imputado y estableciendo con toda claridad, la oportunidad procesal suficiente para que la defensa alegue lo que tenga que alegar.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
