Tras el caudal probatorio expuesto y la argumentación jurídica realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue vinculado a proceso penal el ex funcionario, Francisco G. A., probable responsable del delito de tortura.
Durante la audiencia, la Agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes en los que se pudo establecer la presunta participación del imputado en ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes y con ello la tortura en perjuicio de una víctima de identidad reservada.
La representación social narró de manera firme, sólida y fehaciente que, durante el periodo comprendido entre febrero de 2017 a noviembre de 2018, en un domicilio ubicado en la ciudad de Chihuahua, en ejercicio de sus funciones como agente del Ministerio Público, Francisco G. A. torturó psicológicamente a una persona.
La autoridad ministerial acusadora argumentó la presunta participación de las conductas antisociales, sustentándolo con la presentación de testigos, documentos, estudios, análisis que respaldan el modo, tiempo y lugar, aunado a la aplicación del Protocolo de Estambul, en el que colaboró el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos CIFODIDH A. C. y en el cual se encontraron indicios fehacientes de tortura.
Francisco G. A. fue capturado el pasado lunes 21 de noviembre en la ciudad de Delicias a través de una orden de aprehensión, cumplimentada por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, de acuerdo con la causa penal 3176/22.
Al término de la audiencia, la Jueza de Control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso, fijó tres meses para el cierre de la indagatoria complementaria y mantuvo firme la medida cautelar de prisión preventiva.
Cabe hacer mención que la investigación fue iniciada por la Fiscalía General del Estado, en atención y seguimiento a una denuncia recibida en diciembre de 2021, en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre posibles hechos relacionados con tortura.
Finalmente, esta representación social reitera la seguridad del imputado en el Centro de Reinserción Social número uno ubicado en Aquiles Serdán.
*De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
