En el sórdido escenario de denuncias por violencia política de género en Parral, las actitudes despreciativas hacia las mujeres se han vuelto una rutina vergonzosa y una bandera en la que se envuelven algunos – y algunas – para desviar la atención a lo verdaderamente importante.
La síndica de Movimiento Ciudadano alzó la voz contra los medios de comunicación, a los que, como siempre, satanizan, sobre todo porque son, como su nombre lo indica, el medio para exponer el actuar de los que juraron cumplir y hacer cumplir la ley, aunque siempre existe un escenario más cómodo: el papel de víctima para no responder ante la obligaciones que el cargo les exige.
Pero este drama tiene un trasfondo más oscuro. Recordemos que la regidora priista Dalila Villalobos abrió la puerta al denunciar al alcalde César Peña Valles por intentar despojarla de su oficina, un caso inicialmente procedente, pero convenientemente desechado por la Sala Especializada del Tribunal en Guadalajara. La pregunta persiste: ¿Cuántos favores políticos se tejieron tras bastidores para limpiar la imagen del presidente?
Luego, las regidoras panistas, Alejandra Pérez y María del Refugio Ochoa, y la morenista Alejandra Chávez, secundaron las demandas por el mismo motivo y contra la misma persona, pero sus recursos legales corren el mismo destino desalentador. La justicia parece distorsionarse al cruzar la frontera hacia Guadalajara.
En un acto de descaro, los medios de comunicación son víctimas de persecución por parte de las autoridades locales, quienes intentan, desesperadamente, silenciar cualquier crítica o revelación incómoda. Esta censura disfrazada, amenaza la libertad de prensa y deja a la ciudadanía en la oscuridad respecto a la verdadera magnitud de los problemas que aquejan a Parral.
El 46% de las mujeres en el Ayuntamiento de Parral ha presentando denuncias y el gobierno local se convierte en cómplice de un sistema que parece favorecer la misoginia, en lugar de erradicarla. La ciudad no solo enfrenta un problema de violencia política de género, sino también de una justicia politizada y con altos índices de impunidad y sin garantías.
Sí, el TEE resolvió el sobreseimiento de la demanda de Alma Portillo contra El Papelerito por haber comparado su desempeño como funcionaria, nunca como mujer, con el color gris con el que se ilustra la mediocridad de quienes no pintan de negro ni de blanco -pero sí muy anaranjado- y se manejan en esa escala intermedia y que aplica para todo. Pero el tema no se trata de la síndica ni gira en torno a ella, sino del amordazamiento para solicitar que no se le acerquen, que no se le mencione y que no la entrevisten, ni siquiera porque es funcionaria pública. ¡Pública!
Portillo eludió cuestionar la obra del Periférico, del presupuesto de las Jornadas Villistas, de los policías municipales al servicio de un particular, pero golpeando a ciudadanos; simuló quitar retenes de alcoholemia en medio de un accidente en el que murió una persona con parentesco directo por consanguinidad con ella, y un largo etcétera, pero la víctima es ella.
Las aspiraciones de seguir en la política, vía la reelección o para buscar una diputación local, le obligan a una reconciliación con los medios, con los que acusó y demandó. ¿Le bastará con los que están adscritos a la nómina?
