La tarde de ayer ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3 el contralmirante Salvador G. G., tras ser formalmente acusado por la muerte de cuarenta migrantes extranjeros y las lesiones de otras veintiocho personas durante el incendio registrado el 27 de marzo en la estancia provisional Juárez.
El mando militar pasó su primera noche privado de su libertad en el área de nuevos ingresos al dictar el juez federal la prisión preventiva oficiosa, por enfrentar cargos por un delito grave como el homicidio doloso.
Otros delitos fueron lesiones dolosas y el indebido ejercicio del servicio público, según la acusación formulada por la agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), al dar lectura a la causa penal 235/2023.
Si el juez federal Juan José Chávez Montes determina vincular a proceso al acusado el próximo viernes, el contralmirante deberá pasar por una clasificación para ser asignado al área que corresponda como persona privada de la libertad, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Ésta era una situación que la defensa legal del delegado del INM, encabezada por el abogado Daniel Álvarez Correa y los colitigantes Salvador Rodríguez Pérez y Guillermo Ramos, buscó evitar al solicitar el arraigo domiciliario de su cliente por enfermedad, ya que supuestamente padece diabetes, lo que el juez consideró improcedente al no ser acreditado tal padecimiento.
Los abogados también plantearon que para cumplir con la medida de prisión preventiva el contralmirante, retirado de la Secretaría de la Marina, fuera ingresado al Campo Militar 1-A, ubicado en la Ciudad de México, donde se encuentran sujetos a proceso o purgan su sentencia los militares.
Álvarez Correa expuso que en ese lugar podría ejecutarse la medida cautelar y consideró que con la actual tecnología no habría contratiempo para que el acusado asistiera a cada una de las audiencias.
Su argumento lo basó en el riesgo de vida que presuntamente corre su cliente de ser ingresado a un penal estatal o federal, ya que durante el ejercicio de su carrera militar ha combatido al crimen organizado y la inseguridad.
La petición también fue rechazada por la representación social, mientras que el juzgador dijo que no había manera de combinar fueros, ya que los hechos fueron cometidos en el servicio público en un órgano civil.
El juez federal dijo que solicitaría por escrito a las autoridades del Cereso 3 que fueran garantes de su seguridad.
Arresto ilegal, se defiende acusado
Ayer a las 07:01 horas inició la audiencia de formulación de imputación y las primeras palabras de Salvador G. G. ante el juez federal de Control versaron en torno a la supuesta ilegalidad del arresto.
“Fui detenido en un restaurante, sin orden de cateo, no se me leyeron mis derechos y no me dieron copia de la orden de aprehensión, no me dijeron de qué se me acusa”, dijo el contralmirante, quien portaba un pantalón de vestir color oscuro, una camisa de vestir de manga corta y el cabello despeinado.
El juez abrió el debate en torno al amparo 399/2023 otorgado por la jueza Séptimo de Distrito contra una orden de aprehensión que obtuvo el pasado 14 de abril y la cual fue suspendida por tratarse de un delito grave como lo es el homicidio. Solventado este asunto, la representación social y la defensa estuvieron de acuerdo en que se formulara imputación en una misma audiencia por los delitos de lesiones y el ejercicio indebido del servicio público por economía procesal.
Los abogados solicitaron que la audiencia fuera privada, algo en lo que coincidió la parte acusadora; sin embargo, el juez federal se pronunció a favor de que la sociedad se entere de los hechos ocurridos el 27 de marzo a través de los medios de comunicación.
Testigo devela cobros ilegales
La acusación formulada por la agente del Ministerio Público Federal fue más que directa contra el contralmirante. La muerte de los migrantes fue consecuencia de una serie de omisiones en las que él incurrió como titular de la Oficina de Representación del INM, y que fueron reiteradas en los más de 80 elementos de prueba presentadas en el desarrollo de la audiencia inicial.
Uno de los testimonios a los que dio lectura la agente del Ministerio Público corresponde a un salvadoreño que apenas tenía dos días en Juárez cuando fue detenido por elementos del INM, quienes lo confinaron a la Estancia Provisional Juárez junto a un menor de 17 años.
Al ingresar a la celda para hombres le resguardaron mil 200 pesos, 20 dólares, unos audífonos, las agujetas de sus tenis, pulseras, anillos, un cinturón y otros objetos, mientras un agente migratorio, descrito como un hombre de tez blanca, canoso, que vestía un pantalón café con camisa blanca, le dijo que si quería salir pagara mil dólares por persona. Otros ya habían pagado y se habían retirado del lugar.
El intermediario era un guardia de seguridad de la empresa Tank, describió el extranjero ante la agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), al dar lectura a la causa penal 235/2023
Los testimonios vertidos no sólo evidenciaron la corrupción interna, como el cobro de cuotas por la salida de los migrantes retenidos de manera ilegal en la estación provisional, sino la “venta” de amparos que los mismos agentes migratorios gestionaban e incluso el supuesto consumo de mariguana dentro de la celda para varones por parte de un grupo de venezolanos, remitidos tras el operativo que realizó personal del propio INM.
La audiencia inicial tuvo una duración de seis horas y versó en torno a las omisiones cometidas por el delegado en el desempeño de sus funciones como titular del Instituto.
“Les faltaba hasta el agua”, acusó la agente Ministerio Público Federal. La ausencia de alimento, agua, enseres, generó una molestia que desencadenó una manifestación y el incumplimiento de los protocolos en la revisión de los extranjeros confinados al espacio reducido, que tenían un encendedor con el que provocaron un incendio que se pudo haber evitado si se hubiera cumplido con todas las medidas de seguridad, por lo que se observa un dolo eventual, agregó la MPF.
La audiencia de vinculación o no a proceso será celebrada el próximo 21 de abril, mismo día que deberá comparecer el comisionado Francisco Garduño Yáñez, quien está citado para que conozca los cargos que enfrenta.
Mientras que hoy será la audiencia de vinculación o no a proceso contra Eduardo M. A., responsable del área de recursos materiales; Juan Carlos M. C., jefe del grupo Beta, y Cecilia R. T., asignada a la oficina de Janos.
Información de eldiariodechihuahua.mx
