El conflicto legal que arrastra el municipio deParral por el incumplimiento de un convenio con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) podría derivar en la inhabilitación de al menos tres expresidentes municipales por hasta 10 años, según advirtió el alcalde Salvador Calderón.
El edil aseguró que la actual administración ya tomó acciones para atender un litigio que se originó desde 2015, relacionado con la construcción de una unidad deportiva financiada con recursos federales por 50 millones de pesos, los cuales —según resoluciones judiciales— no fueron comprobados en su aplicación.
El caso derivó en una sentencia firme desde 2018 que obliga al municipio a reintegrar el monto, además de cubrir cargas financieras acumuladas. A pesar de ello, durante años no se cumplió con la resolución, lo que escaló el conflicto hasta un amparo concedido a favor de CONADE en 2025.
De acuerdo con el documento judicial, el incumplimiento podría acarrear consecuencias graves para funcionarios responsables, incluyendo la separación del cargo e incluso consignación ante autoridades, conforme a la Ley de Amparo.
En este contexto, Calderón fue enfático al señalar que ya se trabaja para solventar el problema y evitar mayores sanciones, pero adelantó que se buscará fincar responsabilidades a administraciones anteriores.
“El tema se dejó abandonado por años. Hubo omisión y probablemente dolo. Esto no puede quedar así”, sostuvo.
Entre las alternativas planteadas por el Ayuntamiento se encuentra proponer a CONADE el pago en especie mediante la rehabilitación y entrega del polideportivo municipal, lo que implicaría una inversión adicional cercana a los 50 millones de pesos para dejarlo en condiciones óptimas.
Otra opción sobre la mesa es la desincorporación de bienes municipales para cubrir el adeudo total, que con recargos y actualizaciones podría alcanzar hasta los 200 millones de pesos.
El alcalde también confirmó que será necesario convocar a sesión de Cabildo para definir la ruta legal y financiera que permita dar cumplimiento a la sentencia y evitar que el caso escale a instancias como la Suprema Corte.
Cabe recordar que desde mayo de 2024 se requirió formalmente al municipio cumplir con la resolución, sin que en ese momento se atendiera el llamado, lo que agravó la situación jurídica actual.
Mientras tanto, el proceso sigue su curso y podría marcar un precedente en materia de responsabilidades administrativas, con posibles sanciones que alcanzarían a exfuncionarios que estuvieron al frente del municipio durante los últimos años.
