Redacción de ‘El Papelerito’
Después de la publicación de la primera denuncia vecinal sobre la presencia del hermano del alcalde en la colonia Altavista, nuevas versiones desde el interior del propio Gobierno Municipal amplían la polémica y apuntan a posibles irregularidades de mayor alcance en el proyecto de pavimentación ofrecido a los habitantes de la calle Onceava.
De acuerdo con funcionarios que solicitaron anonimato, Humberto “Beto” Calderón exigió 20 mil pesos por vecino como “aportación obligatoria” para concretar la supuesta obra. Ese monto —aseguran— habría sido planteado como condición indispensable para que el proyecto avanzara, pese a que se trataría de una obra pública que debería gestionarse bajo reglas de operación y mecanismos formales, no mediante cobros directos a los ciudadanos y menos aún, por personas que no son funcionarios o más allá, que guardan familiaridad con el presidente municipal.
Las mismas fuentes de Presidencia señalaron que el presupuesto presentado a los vecinos presenta un sobreprecio que triplicaría el costo real de encementar el tramo que va desde el cruce de la Onceava con la avenida 20 de Noviembre, hasta el punto donde la calle concluye, más allá de la Francisco Sarabia.
Técnicos consultados al interior de la administración habrían advertido que la cifra propuesta no solo es desproporcionada, sino que incluye conceptos que no corresponden a las necesidades del terreno, como las banquetas que ya existen y aún así se presupuestaron.
Aunque el tramo no coincide exactamente con la cuadra donde vive el alcalde Salvador Calderón, no deja de ser la misma calle, lo que vuelve inevitables las referencias a episodios anteriores, entre ellos, la presencia —documentada en fotos y videos por vecinos— de unidades de Servicios Públicos Municipales realizando trabajos de jardinería en la vivienda del presidente municipal, pese a tratarse de un domicilio particular.
En el propio Ayuntamiento también reconocen que “Beto” Calderón ha intervenido reiteradamente en temas de obra pública, aun sin ocupar cargo oficial. Se le ha visto gestionando pavimentaciones, participando en recorridos de supervisión e incluso opinando sobre trabajos de pintura en espacios municipales, actividades que corresponderían exclusivamente a personal autorizado.
Vecinos de la Altavista consideraron que estos nuevos elementos no solo confirman sus sospechas iniciales, sino que revelan un patrón cada vez más evidente: decisiones tomadas al margen de los procedimientos institucionales, propuestas manejadas como si fueran transacciones privadas y la presencia constante de intermediarios sin nombramiento que actúan con libertad dentro de la administración.
“Si antes parecía un intento de negocio disfrazado de obra pública, ahora ya es imposible negarlo”, expresó uno de los residentes al conocer los nuevos señalamientos.
“Primero nos querían cobrar por cosas que no necesitábamos… ahora sabemos que además pedían 20 mil pesos por cabeza y que inflaron el costo. ¿Quién está realmente detrás de esto y con qué autorización?”, expresó otra de las fuentes que acudieron directo a este medio.
Hasta el momento, el Gobierno Municipal no ha ofrecido postura oficial sobre estas revelaciones.
