La repartición de culpas no abona en nada a la prevención, mucho menos a la contención del rápido avance de la inseguridad y las células criminales que le han ganado terreno a las autoridades, aun y cuando desde Gobierno del Estado de Chihuahua presuman que Maru Campos Galván, según la encuestadora Massive Caller, se mantiene en el top 3 de los gobernadores mejor evaluados del país y que, los chihuahuenses, tenemos una percepción de seguridad del 25 por ciento.
Tomando como bueno ese dato, más de dos ciudadanos de cada 10 que viven en Chihuahua, como estado, tiene la sensación de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral; que vulnere sus derechos y la conlleve al peligro, daño o riesgo.
Pero con independencia de estadísticas o de explicar cómo se mide la percepción de seguridad, resulta evidente que la Sierra Tarahumara está en llamas, y no por los incendios forestales, sino por las balaceras que son el pan nuestro de cada día; los desplazamientos forzados, los levantamientos y un largo etcétera del que, los únicos que no se dan cuenta, son el fiscal General César Jáuregui; y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, porque hasta los agentes de ambas corporaciones, y por supuesto, los municipales, dan cuenta de los cruentos enfrentamientos, de los que tienen instrucciones directas de no pasar información.
Ya mueve a risa que los medios de comunicación publiquen hechos delictivos con imágenes y datos precisos – no oficiales, por supuesto – y, al día siguiente, Fiscalía o la SSPE envíen boletines de prensa descartando, negando o asegurando que fueron y no encontraron nada. Y es jocoso porque afirman que no encontraron indicios de enfrentamientos armados, pero sí vehículos baleados; que descartan alguna balacera, pero en el camino hallaron narcocampamentos, o alguna camioneta incendiada; que no mataron a nadie, pero sí había un cuerpo sin vida en tal o cual lugar.
¿Cómo esperan encontrar “indicios” o la balacera en su apogeo si acuden al día siguiente? Una de las más recientes, en Guadalupe y Calvo, según el fiscal Jáuregui, duró 9 horas; según los habitantes de San Juan Nepomuceno, llevaba tres días, y otro reporte indicó que los balazos se escuchaban desde hacía 5 días, prácticamente una semana. Pero el comunicado oficial versaba que, entre el Ejército, la Guardia Nacional, los policías estatales y los agentes de la FGE, emprendieron un operativo 24 horas después del reporte ¿y qué creen? ¡Nada! No había tal. Aun y fueran 9 horas o tres días, atender el reporte cuando ya todo “se calmó” o los criminales se dieron una tregua, por supuesto que el resultado será no hallar nada ni a nadie.
El reto directo – o la burla – del crimen organizado contra las corporaciones es que, como en los peores tiempos, comiencen a tirar cuerpos como si fueran latas de refresco sobre la carretera, a plena luz del día, regalando escenas tan dantescas que superan la ficción de las narcoseries. Que fueron 7 cadáveres rumbo a Juárez; que fueron 9; que fueron 8 (porque parece que ni contar saben), es tan escandaloso como si fuera uno solo. Tan lamentable y tan alarmante.
Pero mientras la delincuencia opera a sus anchas, César Jáuregui anda metido en la grilla, y se supone que la gobernadora lo puso en la Fiscalía General del Estado para componer lo que Roberto Fuentes no pudo, pero el fiscal naranja anda más ocupado en tronar el proyecto prianista en Parral para dejar cancha libre a Movimiento Ciudadano, que en la procuración de justicia. ¿Y los ciudadanos? ¡Que aguanten!
¿Y el fiscal? ¡Fosfo, fosfo!
