El Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral enfrenta un juicio ordinario civil derivado del presunto incumplimiento de un convenio firmado en 2016 con el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, relacionado con la transferencia de un inmueble estatal actualmente ocupado por la Presidencia Municipal.
El origen del conflicto se remonta al 23 de julio de 2016, fecha en la que las tres instancias firmaron un convenio de coordinación cuyo objetivo era ceder al Poder Judicial el inmueble ubicado en las calles República de Cuba y Francisco Miranda, con la intención de instalar una sede regional en la zona sur del estado. A cambio, el Gobierno del Estado se comprometió a donar al municipio dos inmuebles aledaños a la antigua Presidencia Municipal, además de un recurso económico de 2 millones de pesos por parte del Tribunal Superior de Justicia para la construcción de la nueva sede municipal.
Sin embargo, el acuerdo también estipulaba que el Ayuntamiento debía entregar el inmueble a más tardar el 15 de septiembre de 2016. Al no haberse cumplido dicha condición, se establecieron sanciones económicas, incluyendo el pago de rentas, intereses y una pena convencional. El Ayuntamiento reconoce la existencia del convenio, aunque señala que se enfrentaron diversos obstáculos administrativos y logísticos que impidieron su cumplimiento, entre ellos el uso alternativo de los predios destinados originalmente para el traslado.
El procedimiento judicial se formalizó el 11 de julio de 2019, cuando el Tribunal Superior de Justicia presentó una demanda por incumplimiento, misma que fue radicada el 2 de septiembre de ese año ante el Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, bajo el expediente 731/19.
Como resultado del proceso, el tribunal resolvió que el Ayuntamiento debe desocupar el inmueble actualmente ocupado por la Presidencia Municipal. Además, se impone el pago de $1,451,262.00 por concepto de rentas, una pena convencional de $5,100,000.00, intereses por $4,810,760.86 calculados al 9% mensual, así como los gastos y costas del juicio.
En representación del Gobierno de Parral, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Cordero, reiteró que el alcalde mantiene firme su compromiso de proteger el patrimonio del municipio.
“El presidente municipal ha instruido a los equipos jurídicos a agotar todas las vías legales posibles para proteger el patrimonio del municipio. Se está actuando con responsabilidad y transparencia, siempre priorizando el interés público”, afirmó.
