El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) adoptará los pelotones de fusilamiento como un método de ejecución permitido, en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump intenta intensificar y agilizar los casos de pena de muerte, informaron funcionarios el viernes.
El DOJ también está reautorizando el uso de inyecciones letales de un solo fármaco con pentobarbital, que se utilizaron para llevar a cabo 13 ejecuciones durante el primer gobierno de Trump —más que bajo cualquier presidente en la historia moderna.
Asimismo, el gobierno del presidente Joe Biden había retirado el pentobarbital del protocolo federal por preocupaciones sobre la posibilidad de dolor y sufrimiento innecesarios.
Las medidas se anunciaron como parte de un impulso más amplio para aumentar y acelerar las ejecuciones federales tras una moratoria durante el gobierno de Biden.
Sólo quedan tres acusados en el corredor federal de la muerte luego que el entonces presidente demócrata conmutara 37 de sus condenas por cadena perpetua, aunque el gobierno de Trump hasta ahora ha autorizado solicitar condenas a muerte contra 44 acusados.
«El gobierno anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», afirmó en un comunicado el secretario de Justicia interino Todd Blanche. «Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a respaldar a las víctimas».
El gobierno federal no había incluido previamente el pelotón de fusilamiento como método de ejecución en sus protocolos, según la organización nacional sin fines de lucro Death Penalty Information Center. Actualmente, cinco estados permiten ejecuciones por pelotón de fusilamiento: Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah.
Además, el protocolo de pentobarbital fue adoptado por Bill Barr, secretario de Justicia durante el primer mandato de Trump, para reemplazar una mezcla de tres fármacos utilizada en la década de 2000, la última vez que se llevaron a cabo ejecuciones federales antes del primer periodo de Trump en el cargo.
En los últimos días del gobierno de Biden, el entonces secretario de Justicia, Merrick Garland, retiró la política de inyección letal con pentobarbital luego que una revisión gubernamental de investigaciones científicas y médicas determinara que sigue existiendo una «incertidumbre considerable» sobre si su uso causa dolor y sufrimiento innecesarios.
En 2020, bajo la dirección de Barr, el Departamento de Justicia publicó una norma en el Registro Federal para permitir que el gobierno federal realizara ejecuciones mediante inyección letal o utilizara «cualquier otra forma prescrita por la ley del estado en el que se impuso la sentencia».
Varios estados permiten otros métodos de ejecución, incluida la electrocución, la inhalación de gas nitrógeno o la muerte por pelotón de fusilamiento.
El gobierno de Trump, en un informe publicado el viernes, afirmó que el gobierno de Biden «se equivocó en el estándar y en la ciencia».
Las conclusiones del gobierno de Biden, entre otras cosas, «no abordaron la evidencia abrumadora» de que una persona a la que se le inyecta pentobarbital «pierde rápidamente la conciencia, lo que le impide experimentar dolor», indicó el informe.
Actualmente en el corredor de la muerte están Dylann Roof, quien perpetró los asesinatos racistas de 2015 de nueve feligreses negros de la iglesia Mother Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur; el autor del atentado del Maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Robert Bowers, quien mató a tiros a 11 congregantes en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh en 2018, el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos.
