El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, advirtió sobre los riesgos letales que significa la iniciativa de Morena para aplicar reformas a la Ley de Telecomunicaciones, con las que pretenden obligar a las concesionarias de servicios de este ramo, a compartir la geolocalización en tiempo real de los usuarios.
Medina señaló que lo planteado en la iniciativa de Morena es un instrumento de vigilancia con la que todos los mexicanos perderán su privacidad y podrán ser monitoreados por el gobierno en sus movimientos, con lo que dijo, se pone final también al derecho al libre tránsito.
El priista explicó que la iniciativa planteada por Morena, amenaza incluso con cárcel a los confesionarios que se nieguen a revelar la ubicación de los usuarios telefónicos, misma que podrá ser solicitada sin motivo alguno, pues la Ley no plantea de forma definida en cuáles casos se debe proporcionar la geolocalización de las personas, lo que deja abierta la posibilidad de que sea en el momento que la autoridad lo decida sin ningún elemento que lo justifique.
“Las mexicanas y mexicanos estaremos expuestos al espionaje silencioso del gobierno, sabrán dónde estamos, incluso con quien nos reunimos, conocerán nuestras rutinas, las calles por las que circulamos, los sitios que frecuentamos”, abundó.
El coordinador legislativo detalló que con este aparato gigantesco de vigilancia el territorio nacional se convierte en una gran cárcel en la que los ciudadanos serán prisioneros de un sistema que los persigue permanentemente.
Además, Medina marcó énfasis en el hecho de que el espionaje no requerirá ni siquiera orden judicial, lo que abre la puerta a la violación sistemática de derechos y al aumento de facultades de orden judicial a funcionarios que no cuentan con las credenciales para ello, lo que pondría en estado de vulnerabilidad e indefensión a la ciudadanía.
Agregó que este mecanismo no estará exento de la operación del crimen organizado, mucho menos, dijo, en manos de un gobierno que ha mostrado permisividad para las organizaciones delictivas, por lo que criminales como secuestradores, extorsionadores, traficantes de personas, entre otros, podrían tener facilidades para acceder a la ubicación de los ciudadanos.
“Esta iniciativa pondría fin a las libertades como las conocemos, incluso a la de expresión; esta herramienta de control masivo podría ser utilizada para perseguir y vulnerar a quienes hacen oposición política al gobierno desde el periodismo o hasta en expresiones personales a través de redes sociales”, finalizó.
