«La seguridad es una mesa de cuatro patas; una la representa la prevención del delito, otra la investigación de conductas ilícitas, otra la administración de justicia y por ultimo los centros penitenciarios; por lo que militarizar al país, no es, ni será la solución al tema de seguridad», expuso el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez.
«El obstinado sectarismo de algunos, los mueve para hacerle caso a una sola voluntad y no al ciudadano que requiere se le garantice la paz, la seguridad y tranquilidad de sus familias», dijo Domínguez.
Agregó que, el dictamen que busca brindar a la SEDENA facultades sobre la Guardia Nacional, refieren acciones de seguridad pública mezcladas con la facultad constitucional de defensa de nuestra soberanía, «lo que pone de manifiesto un grave error de visión sobre lo que representa trabajar en beneficio de la Seguridad Nacional», apuntó el líder priista.
«La incongruencia exhibe de nuevo al ejecutivo federal, que hoy quiere que legislemos temas de seguridad interior, cuando en el pasado votaron en contra de la creación de una ley en la materia que definiera la actuación precisa del ejército y fuerzas civiles en el tema», expuso.
Domínguez recriminó que esta reforma deja sin resolver cuestiones cruciales, ya que no anota cómo se fiscalizará a una Guardia Nacional militarizada, qué pasará con la jurisdicción en casos de abusos contra civiles, cómo se garantizará que no se erosione la confianza entre la población y las fuerzas de seguridad, que bastante vulnerada se encuentra, principalmente en ciudades donde la criminalidad frena el desarrollo y la calidad de vida.
Finalmente cuestionó que, desde hace 6 años, se escatimaron esfuerzos de inversión para fortalecer las capacidades institucionales de policías municipales al eliminar el FORTASEG; se cancelaron mejoras en la investigación de los delitos al no invertir en el fortalecimiento de las fiscalías; se canceló la posibilidad de administrar mejor la justicia al buscar electorizarla mediante el voto en la reforma judicial en lugar de profesionalizarla más y hacerla posible a los ciudadanos.
