La revocación de la vinculación a proceso por homicidio en grado de tentativa contra Fernando Ramírez Gutiérrez, alias “El Chapito”, no fue un giro improvisado, sino el resultado de elementos que —según su defensa— desarman la versión de un ataque intencional.
El abogado Luis Eduardo Valdez Barrón explicó que durante la audiencia se incorporaron pruebas clave, entre ellas un video y un dictamen en criminalística, que replantean lo ocurrido el 29 de septiembre de 2025 afuera de Inhumaciones Loya en Parral, donde tres personas resultaron heridas por arma de fuego.
De acuerdo con su exposición, las imágenes no muestran una agresión a distancia, como inicialmente se denunció, sino un enfrentamiento directo entre los involucrados. En ese contexto, sostuvo que el arma fue utilizada en medio de un forcejeo y que el disparo se produjo de manera accidental durante el altercado.
Bajo esa narrativa, la defensa insiste en que no se configura el delito de tentativa de homicidio, al no existir intención de privar de la vida, elemento indispensable dentro del sistema penal acusatorio. Aunque reconoció que su cliente portaba y utilizó el arma, subrayó que no hubo una conducta orientada a matar.
El litigante también señaló que el arma contaba con permiso vigente de la Secretaría de la Defensa Nacional, previo a los hechos, y descartó cualquier irregularidad en su posesión.
Otro de los puntos que influyeron en la resolución, dijo, fue la detección de posibles violaciones al debido proceso. Afirmó que la magistrada advirtió presiones externas durante la actuación del juez de control, lo que habría comprometido la imparcialidad del procedimiento y motivado la corrección en segunda instancia.
En cuanto a las víctimas, indicó que las lesiones acreditadas no pusieron en riesgo la vida y tenían un periodo de recuperación menor a dos meses. Añadió que, hasta ese momento, no todos los afectados habían formalizado su querella, lo que incidía en su reconocimiento jurídico dentro del caso.
Valdez Barrón rechazó versiones sobre tráfico de influencias o corrupción en la resolución judicial, asegurando que el fallo se sustentó exclusivamente en pruebas objetivas. Lo anterior, por acusaciones de la presunta intervención del presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, el diputado Guillermo Ramírez, quien es hermano de Fernando.
Pese a ello, el proceso aún no está cerrado. La defensa reconoció que existe la posibilidad de que la contraparte recurra a un juicio de amparo, lo que mantendría abierto el litigio.
La decisión judicial, emitida el pasado 10 de abril por una magistrada de la Sala Regional en Parral, ha generado inconformidad entre los lesionados, quienes consideran que el fallo representa un revés en su búsqueda de justicia.
De hecho, el abogado Héctor Villasana, quien es una de las víctimas, anunció que preparó una serie de recursos jurídicos derivados de la liberación de Fernando Ramírez, quien el 29 de septiembre del 2025 lo lesionó a él y a otro abogado con un arma de fuego.
Como se ha expuesto en múltiples ocasiones, el imputado se encontraba vinculado a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, la magistrada Elizabeth Macías desestimó los cargos formulados por el Ministerio Público, ordenando su puesta en libertad.
Al respecto, sería este mismo jueves 23 de abril que Héctor Villasana promoverá un recurso de amparo en contra de la resolución de la magistrada, al considerar que existe «una evidente colusión entre el diputado Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso, y el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua».
De igual forma, presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial en contra de la magistrada, así como una solicitud ante el Congreso del Estado para que se inicie un juicio político en contra de ella y que se le separe inmediatamente del cargo.
