«El pasado 10 de abril fuimos testigos de un nuevo y grave atropello a la justicia en el estado de Chihuahua», acusan los abogados y el ganadero que estuvieron involucrados en un pleito con Fernando Ramírez Gutiérrez afuera de una funeraria en Parral.
La magistrada de la Sala Regional en Hidalgo del Parral, Elizabeth Macias Marquez, resolvió liberar de responsabilidad procesal al hermano del presidente del Congreso del Estado, Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, revocando su vinculación a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, pese a existir pruebas contundentes, múltiples testigos, videos de los hechos y víctimas lesionadas por arma de fuego.
Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre del año pasado afuera de la Funeraria Loya, cuando Fernando Ramírez arribó armado al lugar con la intención de agredir con el arma de fuego a Eloy Soto Payán, resultando también lesionados Héctor Villasana Ramírez y Enrique Eduardo Muñoz.
Las heridas sufridas son reales, graves y permanentes. Uno de los afectados incluso mantiene alojado un proyectil en su cuerpo hasta el día de hoy.
A pesar de la gravedad de los hechos, de la evidencia existente y de que el imputado fue inicialmente vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva, la magistrada Elizabeth Macías decidió revocar dicha resolución y dejar impune al agresor.
«Esta decisión representa un acto escandaloso de impunidad que lastima profundamente la confianza ciudadana en las instituciones y fortalece la percepción de que en Chihuahua la justicia tiene precio y apellido», advierten.
«Cuando una persona armada agrede a ciudadanos y aun así obtiene protección judicial, existen razones fundadas para sospechar de tráfico de influencias, corrupción y uso faccioso del poder», sentenciaron.
«Condenamos enérgicamente esta resolución ilegal, vergonzosa y exigimos una investigación inmediata y exhaustiva contra la magistrada Elizabeth Macias por parte del Tribunal de Disciplina Judicial, el Congreso del Estado y la Fiscalla General del Estado», se lee en el comunicado.
Ppr último, aseguran que no permitirán que se normalice la corrupción judicial, ni que el poder político prive de su derecho a la justicia a las víctimas.
