Redacción de ‘El Papelerito’
Si había un área llamada a proteger la imagen de Salvador Calderón, esa era Comunicación Social. Pero lejos de construirle un blindaje narrativo, terminó por exponerlo más. Acusaron a los medios de comunicación de “crear” la mala percepción del alcalde —como si necesitara ayuda— y con ello detonaron una guerra innecesaria que dejó a la administración en una posición todavía más vulnerable.
En ese caos, la mano de Martín Chaparro también apareció. No solo operó en Seguridad Pública; se metió a la selección de medios consentidos, determinando quién recibiría presupuesto, quién tendría acceso privilegiado a información y quién sería castigado con la ley del hielo. Desde ahí se diseñó una relación clientelar que terminó por fracturar cualquier intento de profesionalización.
Para rematar, desde el interior de la propia Dirección existía al menos una trabajadora que filtraba información sensible a reporteros abiertamente detractores. Les entregaba datos frescos para golpeteos contra el alcalde y, al mismo tiempo, les garantizaba primicias para mantenerlos cerca. Un doble juego que volvió ingobernable el control mediático.
La titular de Comunicación Social, Yahaira Jurado, no supo —ni pudo— contener la embestida contra Calderón Aguirre. En vez de mediar, terminó desgastando más la relación con periodistas: discutió, confrontó y ordenó excluir a varios de los grupos oficiales de prensa. Aunque sería injusto responsabilizarla por completo: su margen de maniobra era, prácticamente, inexistente. Al final, quien también ordenaba ahí era Martín Chaparro.
En medio del desastre, Nora Carrillo, presidenta del DIF y esposa del alcalde, trató de recomponer la relación con los medios. Su instrucción era clara: bajar la confrontación y restablecer canales. Pero, con todo y el peso que ella representa dentro de la administración, la indicación terminó convertida en simple sugerencia. Un llamado a misa. Chava Calderón no le dio importancia al tema.
Ante la incapacidad de sus operadores locales para reparar la ruptura, la administración contrató a un externo venido de Durango, con amplia experiencia en operación política. Este asesor recorrió directorios, llamó a propietarios de medios, se sentó con directores y logró acuerdos en nombre del alcalde. Pero, para sorpresa de nadie, Calderón no cumplió ni uno solo de esos compromisos, anulando el esfuerzo y quemando al operador foráneo.
No era la primera vez que los medios se convertían en problema interno. En múltiples ocasiones —como consta en conversaciones previas— el conflicto se generó desde adentro: decisiones improvisadas, información reservada entregada a conveniencia, vetos dictados por enojo personal, filtraciones estratégicas para hundir a funcionarios rivales. El gobierno no se enfrentaba a la prensa. Se enfrentaba a sí mismo.
Hoy, la narrativa oficial de la administración está tan debilitada como su relación con los reporteros. Comunicación Social no comunica, el alcalde no escucha, los operadores no operan, y quienes sí entienden cómo funciona el vínculo Gobierno–Medios no tienen la autoridad para corregir. Un rompecabezas en el que cada pieza empuja hacia una misma dirección: el aislamiento político de Salvador Calderón.
